Funcionarios colombianos están previendo que dentro de dos meses, se reiniciará un programa de fumigación aérea con herbicidas en zonas de cultivo de coca, suspendido por razones de salud pública en 2015. Un paso importante en el camino, una consulta nacional con comunidades, es programado para comenzar el sábado.
Aquí va una carta que WOLA y cinco organizaciones colombianas enviaron a los legisladores de nuestros dos países explicando por qué nos oponemos a la reanudación de la fumigación. (Una versión PDF está aquí. An English version is here. A PDF in English is here.)
Bogotá D.C. 30 de noviembre de 2020.
Honorables Congresistas de la República de Colombia
Honorables Congresistas de Estados Unidos de América
Organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y derechos ambientales
Referencia: Llamado urgente a la no reactivación de fumigaciones con glifosato en Colombia.
Cordial saludo,
The Washington Office on Latin America (WOLA), Elementa DDHH, Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, La Red en Movimiento[1], la Corporación Viso Mutop y La Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES), nos permitimos expresar profunda preocupación por la latente reactivación de las fumigaciones con glifosato en Colombia, desconociendo las directrices dadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017, así como la histórica y documentada afectación grave en salud y las consecuencias nefastas en términos ambientales y de migraciones forzadas en el país.
El Gobierno nacional de Colombia, a través de distintos mecanismos, ha manifestado su interés decidido de reactivar las fumigaciones con glifosato para los cultivos de uso ilícito; decisión motivada, en parte, por la presión del presidente de Estados Unidos Donal Trump en el marco de la lucha antidrogas.
A pesar de las varias etapas que se deben llevar a cabo a partir de las directrices dadas por la Corte Constitucional de Colombia antes de una eventual reactivación de las fumigaciones, como lo son modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y llevar a cabo audiencias con las comunidades, estas no se han cumplido, ya que las comunidades campesinas, indígenas y las organizaciones de la sociedad civil no han podido participar en las audiencias virtuales con el gobierno. Por el contrario, el Gobierno nacional, a través del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció en octubre del presente año que se retomará la aspersión aérea para combatir el narcotráfico.
Se ha demostrado que la fumigación con glifosato es riesgosa para la salud humana, afecta negativamente los ecosistemas, atenta contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y sus territorios sagrados, así como con la economía campesina y sus esfuerzos por alternativas a los cultivos de coca. Las consecuencias en términos de inseguridad alimentaria y de pérdida de capacidad productiva en las zonas rurales, han generado desplazamientos masivos dentro y fuera de Colombia, con impactos humanitarios ampliamente documentados desde el año 2000 por organismos internacionales y gobiernos de países vecinos.
El glifosato fue clasificado por la OMS en 2015 como sustancia probablemente cancerígena, y se ha probado que causa la muerte a animales esenciales para la preservación del ecosistema, así como a las fuentes hídricas cercanas. Asimismo, al afectar otros cultivos no ilícitos, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades y aumenta la precariedad económica en estas regiones, generando así desplazamientos forzados internos y transfronterizos y conflictos entre la fuerza pública y la población, afectando la legitimidad del Estado en el territorio. Todas estas consecuencias evidencian cómo la aspersión aérea con glifosato es una práctica que da lugar a violaciones del derecho a la vida, la integridad y la dignidad de la población que vive en estas regiones, ya que, además se ha comprobado su relación con enfermedades respiratorias y abortos espontáneos[2].
Adicionalmente, el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla Farc-Ep, que hace parte del bloque de constitucionalidad, en el Punto 4 sobre “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, acordó un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, que incorpora erradicación voluntaria y planes de atención inmediata familiar, que serían entorpecidos y afectados a partir de la reactivación de las fumigaciones con glifosato. Cabe resaltar que la aspersión con glifosato ha mostrado ser insostenible en el tiempo, pues, al no ofrecer alternativas económicas a las familias cultivadoras, cuenta con un alto porcentaje de resiembra, caso opuesto al de la sustitución voluntaria, donde se ha demostrado que muy pocas familias retornan a los cultivos ilícitos.
Como si no fueran pocos los efectos adversos del glifosato, el retorno a estas prácticas tiene aún menor sentido cuando se analiza la efectividad de estos métodos con sus costos económicos, pues, según cifras dadas por ONUDC y el mismo gobierno, erradicar una hectárea de cultivos con glifosato cuesta un 80% más que cumplir con el plan de sustitución voluntaria de una familia. De hecho, el total del costo estimado para llevar a cabo procesos de sustitución voluntaria de cultivos con 80.438 familias es de 2.8 billones de pesos colombianos, mientras que entre 2005 y 2014 fueron gastados 79.9 billones en aspersión aérea con glifosato[3].
Es por ello que, organizaciones comunitarias, étnicas, defensoras de derechos humanos y de derechos del medio ambiente rechazan la reactivación de las fumigaciones con glifosato y hacen un llamado al Congreso de la República de Colombia, el Congreso de los Estados Unidos y organizaciones interesadas a respaldar las alternativas a la erradicación y a la fumigación con glifosato, teniendo en cuenta los innumerables aportes científicos y comunitarios que demuestran las graves afectaciones en términos de derechos humanos y medioambientales, así como la inefectividad en la lucha contra las drogas.
Compartimos como anexo a esta comunicación un breve, pero profundo análisis de las consecuencias graves en los derechos a la vida, integridad y dignidad de la población en caso de reactivación de las fumigaciones con glifosato en el país.
Suscriben,
WOLA – The Washington Office on Latin America
Elementa DDHH
Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo
Red en Movimiento: investigación y acción en migraciones
La Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES)
Corporación Viso Mutop
[1] Red en Movimiento: Investigación y acción en migraciones es una red de académicas y académicos de distintas Universidades y de organizaciones sociales en Colombia que busca hacer incidencia social y política en la agenda pública y de opinión alrededor de los fenómenos migratorios en la ciudad y el país. La integran investigadoras, investigadores, docentes y activistas de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santo Tomás, El Derecho a No Obedecer
[2] Al día de hoy existe una denuncia contra el Estado colombiano en la CIDH por el uso de glifosato que tuvo como consecuencia el aborto espontánea de una mujer campesina, asimismo, Monsanto ha sido condenado en diversas ocasiones por las cortes norteamericanas debido a la relación causal el uso del Roundup (herbicida cuyo principal componente es el glifosato) y el desarrollo de cáncer en distintas personas, algunos de los más emblemáticos son los casos de Dewayne Jhonson; Edwin Haderman; y Alva y Alberta Pillod.
[3] Fuente: – UNODC. 2020. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS (informe n° 21). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Mayo/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._21.pdf y Respuesta de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos a un derecho de petición de la Cámara de Representantes. Octubre de 2018.