(Cross-posted from wola.org) // Versión en español
Since April 28, thousands of people throughout Colombia have exercised their right to protest—triggered by a controversial, government-proposed tax reform plan—and have been met with unacceptable violence by members of the Colombian National Police (Policía Nacional de Colombia). The Washington Office on Latin America (WOLA) is pleased to learn that President Iván Duque has withdrawn the plan, which would have placed a severe burden on the middle class through regressive sales taxes. The legislation’s withdrawal provides the country with an opportunity to build a consensus on ways to address the country’s fiscal gap, without deepening inequalities that were further exacerbated by the pandemic. It is also a victory for the many Colombians who exerted their right to protest in order to guarantee democratic governance in Colombia. Such widespread, multisectoral, and regional protests were extremely rare before Colombia’s historic 2016 peace accord.
Despite this victory, WOLA condemns the disproportionate use of force employed by the anti-riot police (Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD) and other police units against protestors, as well as the hostile words of high-level officials and influential politicians. Many of these public figures reacted to the protests in ways that escalated violence, stigmatized protesters, and served a larger anti-peace accord agenda, for instance by attacking the Special Jurisdiction for Peace (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP).
In light of these events, which have left dozens of people killed or injured, WOLA calls on the Biden administration and U.S. Congress to condemn police excesses, distance the United States from officials’ inflammatory rhetoric, and insist that the Colombian government reform the ESMAD and hold accountable those who violated human rights since the protests began on April 28.
On that day, Colombian civil society initiated national protests against a presidential tax reform proposal erroneously titled the “sustainable solidarity law,” (ley de solidaridad sostenible). Divisions existed among multiple social movements whether to proceed with protests in the midst of a grim wave of the pandemic. Ultimately, the government’s brazen efforts to squash the right to protest emboldened thousands of people to take to the streets throughout the country. The police responded repressively using a disproportionate, and in several instances lethal, use of force, with the justification that it acted to restore order and stop looting. According to data compiled by the Defend the Life Campaign (Campana para defender la vida), so far, public security forces are responsible for 21 homicides, several whom were youth; 208 wounded individuals, including 18 cases of serious ocular injuries; 42 aggressions and abuses committed against human rights defenders and journalists; 10 cases of sexual assaults against women; and 503 mostly arbitrary detentions.
The police’s response was particularly brutal in Cali, Valle del Cauca department, where at least 10 individuals were killed by police on Friday, April 30. The Minister of Defense Diego Molano’s problematic tweets equating the Minga, an Indigenous collective peaceful protest action, with terrorists, and former President Álvaro Uribe’s tweets defending police use of firearms against protestors—later removed by Twitter for violating community guidelines that prohibit glorifying violence—fueled the repression against protestors. On Saturday May 1, President Duque announced he would deploy troops into several cities, a move rejected by the Mayors of Bogotá, Medellín and Cali. Given the tax reform’s retraction, we expect militarization will not take place but the announcement itself was concerning as soldiers are trained for combat, not for distinguishing between peaceful protesters and rioters.
The police response to country-wide protests in November 2019, September 2020, and April-May 2021 force us to reexamine the need to apply stronger human rights protections to U.S. assistance that benefit the Colombian National Police. The ESMAD must not receive U.S. assistance, as it has an egregious record of committing gross violations of human rights with impunity. Any assistance to the ESMAD probably is a violation of the Leahy Law—which prohibits U.S. funding to security forces implicated in human rights violations—and should remain so. WOLA strongly recommends that sales of crowd control materials to Colombia be suspended pending evidence of stricter adherence to proper procedures for de-escalation and use of lethal and non-lethal force.
La violencia policial en Colombia es inadmisible, los legisladores estadounidenses deben tomar medidas
Desde el 28 de abril, miles de personas en toda Colombia han ejercido su derecho a la protesta, provocada por una controvertida reforma tributaria propuesta por el gobierno. Pero estos manifestantes han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la Policía Nacional de Colombia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se complace en saber que el presidente Iván Duque ha retirado la propuesta, que habría supuesto una grave carga para la clase media a través de impuestos regresivos sobre las ventas. El retiro de la legislación le da al país la oportunidad de lograr un consenso sobre las formas de abordar la brecha fiscal del país, sin profundizar las desigualdades que fueron exacerbadas por la pandemia. También representa una victoria para los muchos colombianos que ejercieron su derecho a la protesta para garantizar la gobernabilidad democrática en Colombia. Tales protestas a gran escala, multisectoriales y regionales, eran muy poco comunes antes de los históricos Acuerdos de Paz de 2016 en Colombia.
A pesar de esta victoria, WOLA condena el uso desproporcionado de la fuerza utilizado contra los manifestantes por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otras unidades policiales, así como las declaraciones hostiles de altos funcionarios y políticos influyentes. Muchas de estas figuras públicas reaccionaron a las protestas agravando la violencia, estigmatizando a los manifestantes y sirviendo a una agenda más amplia contra los Acuerdos de Paz, por ejemplo, atacando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Ante estos hechos, que han dejado decenas de muertos y heridos, WOLA pide al gobierno de Biden y al Congreso de Estados Unidos que condenar los excesos policiales, distanciar a Estados Unidos de la retórica incendiaria de los funcionarios, y exigir al gobierno colombiano reformar el ESMAD y que responsabilizar a quienes han violado los derechos humanos desde el inicio de las protestas el 28 de abril.
Ese día, la sociedad civil colombiana inició protestas nacionales contra una propuesta de reforma tributaria presidencial erróneamente titulada “ley de solidaridad sostenible.” Con divisiones entre múltiples movimientos sociales sobre si las protestas se debían realizar en medio de una grave ola de pandemia, al final, los esfuerzos flagrantes del gobierno por aplastar el derecho a la protesta impulsaron a miles de personas a salir a las calles en todo el país. La policía respondió de forma represiva haciendo un uso desproporcionado, y en varios casos letal, de la fuerza, con la justificación de que actuaba para restablecer el orden y detener los saqueos. Según datos recopilados por la Campaña para Defender la Vida, hasta el momento las fuerzas de seguridad pública son responsables de 21 homicidios, varios de los cuales eran jóvenes; 208 personas heridas, incluidos 18 casos de lesiones oculares graves; 42 agresiones y abusos cometidos contra defensores de los derechos humanos y periodistas; 10 casos de agresiones sexuales contra mujeres; y 503 detenciones, en su mayoría arbitrarias.
La respuesta de la policía fue particularmente brutal en Cali, Valle del Cauca, donde el viernes 30 de abril al menos 10 personas fueron asesinadas por la policía. Los problemáticos tuits del ministro de Defensa, Diego Molano, en los que igualaba a la Minga, una acción de protesta colectiva indígena pacífica, con ser terroristas, y los tuits del expresidente Álvaro Uribe, eliminados posteriormente por Twitter por violar las políticas de la comunidad que prohíben glorificar la violencia, en los que defendía el uso de armas de fuego por parte de la policía contra los manifestantes, alimentaron la represión contra estos. El sábado 1 de mayo, el presidente Duque anunció que desplegaría tropas en varias ciudades, una medida que fue rechazada por los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali. Dada la retracción de la reforma tributaria, esperamos que la militarización no tome lugar, pero el anuncio en sí es preocupante, ya que los soldados están entrenados para combatir, y no para distinguir entre manifestantes pacíficos y agitadores.
La respuesta de la policía a las protestas que tomaron lugar en todo el país en noviembre de 2019, septiembre de 2020, y abril a mayo de 2021, nos obligan a reexaminar la necesidad de mayor rigurosidad en condicionar a la protección de derechos humanos, la asistencia estadounidense que beneficia a la Policía Nacional de Colombia. El ESMAD no debe recibir asistencia de Estados Unidos, ya que tiene un historial atroz de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad. Cualquier ayuda al ESMAD probablemente sea y deberá seguir siendo considerada una violación de la Ley Leahy, la cual prohíbe la financiación estadounidense a fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos. WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal.
May 3, 2021