On July 23, the Latin America Working Group (LAWG), alongside the Washington Office on Latin America (WOLA) and 22 other international and local civil society organizations, published a report entitled, Protect Colombia’s Peace.
The report outlines the current challenges of Colombia’s peace process, including: the obstacles to fully reintegrating ex-combatants, despite advances; the very partial implementation of the ethnic chapter and gender provisions; the increasingly dire situation of human rights defenders; the halting implementation of rural reforms; the return to drug policy solutions that are not sustainable and undermine the accords; and the impact of the Venezuelan refugee crisis on Colombia.
The U.S. and the international community can play a critical role in catalyzing support for a sustainable peace, only if they boldly encourage compliance with the 2016 peace accords.
Key recommendations in the report advocate for U.S. aid and stronger diplomacy to call on the Colombian government to implement the peace accord’s ethnic chapter and gender provisions, ensure justice for the victims of the armed conflict, protect human rights defenders, advance sustainable drug policy and rural reforms to reach Colombia’s small farmers and Afro-Colombian and Indigenous communities, end abuses by the Colombian armed forces, and dismantle the paramilitary successor networks.
The U.S. government’s diplomatic efforts in Colombia helped pave the way for peace, and this wise investment should not be wasted.
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Protejan la paz en Colombia: Nuevo informe con recomendaciones claves para la política estadounidense
El 23 de julio, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), junto con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras 22 organizaciones internacionales y nacionales de la sociedad civil, publicaron un informe titulado, Protejan la paz en Colombia.
El informe describe los desafíos actuales del proceso de paz en Colombia que incluyen: los obstáculos para lograr la plena reintegración de los excombatientes, a pesar de los avances; la muy incompleta implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género; la situación cada vez más difícil de los defensores de los derechos humanos; la vacilante implementación de las reformas rurales; el regreso a las soluciones de políticas de drogas que no son sostenibles y debilitan el acuerdo; y el impacto de la crisis de los refugiados venezolanos en Colombia.
Los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden desempeñar un papel fundamental para catalizar el apoyo a una paz duradera, solo si actúan con determinación para impulsar el cumplimiento del acuerdo.
Las recomendaciones claves en el reporte abogan por la cooperación de Estados Unidos y una diplomacia más fuerte para pedirle al gobierno colombiano que implemente el capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo de paz, garantice la justicia para las víctimas del conflicto armado, proteja a los defensores de los derechos humanos, promueva una política de drogas sostenible y reformas rurales para alcanzar a los campesinos y las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia, ponga fin a los abusos de las fuerzas armadas colombianas y desmantele las redes sucesoras de los paramilitares.
Los esfuerzos diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos en Colombia ayudaron a allanar el camino hacia la paz y esta sabia inversión no debe desperdiciarse.
Lea el informe completo en español aquí.
Lea el resumen ejecutivo en español aquí.
July 23, 2020
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